La Directiva europea 800/2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, ha dispuesto que las autoridades legales deben garantizar del derecho a la información de estos menores (artículo 4 y considerando 19). Este nuevo marco europeo que debería haber sido traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico antes del mes de junio de 2019, es ya legislación aplicable en virtud del principio de efecto directo vertical aplicable a las directivas no transpuestas que crean derechos. Por lo tanto, es imprescindible que se empiecen a desarrollar ya instrumentos y materiales que ayuden a los agentes del sistema de justicia juvenil a informar adecuadamente a los menores sospechosos de haber cometido un delito de lo que supone su paso por el proceso judicial.
Con este objetivo nace el proyecto “Hablemos claro”, que está desarrollando el Grupo de investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este proyecto de transferencia que pretende hacer uso de todo el conocimiento que el grupo ha ido desarrollando durante años sobre el paso por el sistema de justicia juvenil de los menores infractores, se concreta en una colección de documentos accesibles destinados a los menores que se ven inmersos en un procedimiento penal por ser sospechosos de haber cometido hechos delictivos, para que conozcan los distintos trámites procesales por los que van a pasar a lo largo del procedimiento, así como los derechos que les asisten en cada fase. Estos documentos son de uso público y gratuito por lo que animamos a los profesionales interesados a que hagan libre uso de estos, consulta más abajo los distintos soportes desarrollados.
Este proyecto ha sido financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco de dos proyectos de investigación Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la accesibilidad de la justicia penal y Justicia penal para todos II. Caja de herramientas para mejorar la accesibilidad del sistema penal, y del plan propio de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En septiembre de 2024 estos documentos han empezado a emplearse en 268 unidades de la Guardia civil de Castilla-La Mancha para su evaluación en el contexto para el que fueron diseñados. Los resultados de su evaluación serán publicados en unos meses.