Divulgación

Nota técnica

El patrimonio alcanzado tras muchos años de investigación criminológica no es muy extenso. Hay pocos hallazgos no cuestionados en esta joven disciplina. Uno de ellos es la relación que existen entre delincuencia y edad. Todas las investigaciones empíricas disponibles han constatado una distribución entre la edad y el comportamiento delictivo (incluido el violento) similar. Así, existe un pico de prevalencia delictiva que llega a su máximo en el periodo de la adolescencia media-tardía (en torno a los 15-19 años), y declina al principio de la década de edad de los 20 años. Los trabajos realizados por CRIMIJOV han permitido conocer algunas evidencias en relación con la edad que presentamos en este desplegable y que puedes descargar aquí.

Por un lado, la administración del ISRD-II puso de manifiesto que la edad media de inicio son los 14,08 años y que las chicas y los chicos se inician en la conducta antisocial y delictiva prácticamente a la misma edad (ver figura 1). Sin embargo, las chicas se inician antes que los chicos en conductas violentas. Uno de los hallazgos que hemos obtenido en nuestras investigaciones en que a pesar de que hay menos chicas que chicos delincuentes, cuando las chicas se implican la conducta antisocial y delictiva empiezan antes y lo hacen con la misma fuerza que los chicos en las conductas violentas (Bartolomé, 1999 y 2009).

Por otro lado, la revisión realizada en los juzgados de Castilla-La Mancha entre 1996 a 1998 demostró que la distribución por edad de los chicos procesados por el sistema de justicia juvenil presenta un pico de prevalencia en torno a los 17 años (figura 2). La legislación española establece que el sistema de justicia juvenil interviene con jóvenes entre 14 y 17 años. Sobre la respuesta para los menores de 14 años que cometen delitos (ver Bernuz, Fernández-Molina y Pérez, 2006).

Existe un debate público sobre cuándo el sistema debe empezar a responder por la conducta delictiva. Sobre el mismo CRIMIJOV presenta dos datos:

La edad que considera la sociedad cómo más apropiada son los 15,8 que contrasta con la edad que demanda la sociedad para otros comportamientos que demuestran la autonomía de los jóvenes (figura 3) 

Un joven que comete el delito el día de su 14º cumpleaños como pronto va a empezar a cumplir la medida casi con 15 puesto que el tiempo transcurrido desde  la comisión del delito es de 8,1 meses de media (ver figura 4). Esto puede ser muy tarde cuando hablamos de aquellos chicos que a esa edad tienen ya su carrera criminal iniciada (Fernández-Molina, 2014).

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REFERENCIAS:

• Bartolomé Gutiérrez, R (1999). Delincuencia juvenil femenina y su comparación con la masculina. En Arroyo, L. et al.: Estudios de Criminología II. Cuenca, Ediciones UCLM

• Bartolomé, R., Montañés, M., Rechea, C., y Montañés, J. (2009). Los Factores de Protección frente a la Conducta Antisocial: ¿Explican las diferencias en violencia entre chicas y chicos? . Revista Española de Investigación Criminológica, 7.

• Bernuz Beneitez, M.J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2006). El tratamiento institucional de los menores que cometen delitos antes de los 14 años. Revista Española de Investigación Criminológica, 4.

• Fernández Molina, E. (2008). Balance de los cinco primeros años de vigencia de la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Informe Consejo General del Poder Judicial. Sección Estudios Sociológicos y Estadísticos.

• Fernández Molina, E. (2012). Valoración ciudadana del castigo juvenil: Barómetro Observatorio de la Actividad Judicial 2012. Diario La Ley, 7944.

• Rechea, C. (2008). Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España. Informe del Centro de Investigación en Criminología, 16, 1-62.

• Rechea Alberola, C., y Fernández Molina, E. (2000). El reto de la nueva Justicia de Menores. Boletín Criminológico, 47, 1-4.

A menudo en el debate público se cuestiona si la justicia juvenil es eficaz, si cuando los jueces de menores condenan a los jóvenes delincuentes el trabajo que se hace con ellos surte efecto. Especialmente, la sociedad cuestiona las medidas comunitarias que evitan la privación de libertad de los jóvenes y duda si la intervención que se hace con ellos en “la calle” es efectiva. La libertad vigilada es la medida más aplicada en la justicia de menores y a la que los jueces recurren para castigar severamente a los chicos pero evitando la privación de libertad. Como su nombre indica los jóvenes delincuentes condenados a esta medida están sometidos a un seguimiento o control de sus actividades durante un tiempo y realizan algún tipo de actividad formativa o educativa más intensiva.

En 2009, CRIMIJOV participó en una investigación para conocer en qué consistía el cumplimiento de una medida de libertad vigilada en tres regiones: Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha (Bernuz, Fernández-Molina & Pérez, 2009 a y b).

En esta investigación se pudo explorar también en qué medida es efectiva la intervención, comprobando hasta qué punto se cumplen los programas individualizados que aprueba el juez y hasta qué punto esta intervención logra evitar la reincidencia evidenciaron algunas de estas cuestiones. A continuación, se resumen brevemente los principales resultados que permiten valorar, en actuaciones concretas, el trabajo que se lleva a cabo con los jóvenes delincuentes cuando son sometidos a una libertad vigilada y los logros obtenidos.

• Los expedientes analizados demuestran que los menores cometieron el delito con 15,5 años de media y al iniciar la ejecución de la medida la edad media fue de 17,4.
• Los técnicos realizan una media de 19,5 actuaciones, esto es, entrevistas, visitas, llamadas, etc.
• La asistencia a las entrevistas por parte de los menores fue habitual (esto es, más del 75%) en el 83% de los casos
• Fue mayoritaria (78,8%) la asistencia a las actividades; el 63,5% de los jóvenes cumplieron con el plan de trabajo, mientras que otro 25% lo cumplió casi siempre.
• Los objetivos previstos en el programa individualizado de ejecución de medida se cumplen adecuadamente en un 63,3% de los casos.
• El cumplimiento de la medida de libertad vigilada permitió constatar algunos cambios positivos en los menores. Las áreas de responsabilización y la formativo/laboral son las que más cambios consiguen. En el área familiar, aun-que se obtienen muchos cambios positivos, hay también muchos fracasos. Por su parte, dónde se presentan mayores dificultades y fracasos en la intervención son en el área personal (adicciones y déficits psicológicos) y la que tiene que ver con el grupo de pares.
• Los técnicos, en su informe final, realizan una descripción de la situación del joven al finalizar la medida, dejando que el juez de menores, a la vista del informe, valore la intervención (positiva o negativa) y decida si se da por cumplida la medida o no. La decisión del juez no siempre es sencilla: en un 33% de los expedientes los objetivos no se cumplieron y el menor no se implicó totalmente; sin embargo, de acuerdo con la trayectoria global del menor, se realiza una valoración favorable. Hay que tener en cuenta que, aunque la libertad vigilada es una medida que supone una intervención intensiva y prolongada en el tiempo, el desistimiento de la conducta delictiva es un objetivo a largo plazo. Por ello, un cumplimiento parcial de las medidas comunitarias no debe interpretarse como un fracaso, sino como el inicio de un camino.
• La mayoría de los técnicos suelen considerar la intervención como una oportunidad de cambio a los jóvenes infractores, que les ofrece una perspectiva sobre el mundo que les rodea que ellos no se habían planteado hasta el momento.

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Referencias:

 Bernuz Beneitez, M.J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009). La Libertad Vigilada como medida individualizadora en la Justicia de Menores. Revista Española de Investigación Criminológica, 7.

Bernuz Beneitez, Mª J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009). Educar y controlar: la intervención comunitaria en la Justicia de menores. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 11, 12:1-12:28.

En los últimos años, algunos casos especialmente graves protagonizados por menores han cuestionado si la justicia de menores española es lo suficientemente contundente para castigar a los jóvenes delincuentes y, en especial, si permite proporcionar una respuesta adecuada y eficaz para los casos más graves. Estas dudas han legitimado muchas de las reformas que ha sufrido la Ley de responsabilidad penal de los menores; de tal manera que el legislador en todas ellas ha justificado los cambios propuestos amparándose en la demanda social. No obstante, existe poca información sobre qué es lo que realmente el ciudadano español reclama a la justicia de menores y sobre cuál es la finalidad que atribuye al castigo juvenil.

En el año 2012 CRIMIJOV colaboró con el Observatorio de la Actividad Judicial de la Fundación Wolters Kluwer, participando en el diseño del cuestionario del Barómetro del año 2012 que dedicó un módulo a investigar las actitudes de la población española hacia el castigo juvenil y el sistema de justicia de menores. A continuación, mostramos algunos de los resultados obtenidos en esta investigación (Fernández-Molina, 2012).

La siguiente figura muestra cuál es el grado de acuerdo de los encuestados con las diferentes opciones de corte retributivo o punitivo y con las opciones educativas y/o rehabilitadoras.

Por lo general, existen dos grandes alternativas a la hora de escoger la respuesta que se ha de proporcionar a jóvenes infractores, el castigo (o justicia) y la educación (o bienestar). Estas dos alternativas que se conciben como los dos extremos de un continuo obedecen a lógicas muy diferentes. Mientras la orientación de bienestar parte de una profunda esperanza en las posibilidades de recuperación de los jóvenes y por lo tanto hace primar el carácter educativo de su intervención, la orientación judicial al verse incapaz para su recuperación centra su intervención en el sentido retributivo del castigo.

Si se observan los resultados obtenidos se podría concluir que la opinión de los encuestados es ambivalente ya que parecen estar de acuerdo con ambas opciones de respuesta; y es que aunque desde un punto de vista político o académico se pretenda presentar el binomio educación-castigo como opciones antagónicas, los ciudadanos no opinan del mismo modo y abrazan al mismo tiempo ambas opciones como estrategias válidas para responder frente al delincuente juvenil. El público por lo general reclama al tiempo que se haga justicia, que se defienda a la sociedad y que se rehabilite al delincuente.

No obstante, y según ha manifestado la literatura especializada hay que ser cautelosos con el alcance de estos resultados, ya que la metodología empleada tiene un efecto directo en ellos. Así, se sabe que a través de las encuestas de opinión se logra captar fundamentalmente las actitudes generales que reflejan la opinión abstracta y no informada de los entrevistados y se caracterizan por su inestabilidad en el tiempo. Por ello, es necesario emplear complementariamente otras estrategias metodológicas destinadas a explorar las actitudes internas del sujeto que están estrechamente vinculadas con sus creencias y valores.

CRIMIJOV en el desarrollo de esta línea de investigación ha empleado diferentes técnicas para poder profundizar algo más en el conocimiento de las actitudes públicas. Se pueden consultar los resultados de nuestro trabajo en nuestra Web.

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Referencias:

Fernández Molina, E. (2012). Valoración ciudadana del castigo juvenil: Barómetro Observatorio de la Actividad Judicial 2012. Diario La Ley, 7944.

La Criminología se ha encargado de explicar no sólo porque los jóvenes delinquen sino también lo contrario, ¿por qué obedecen las normas? La adolescencia es un período en el que empiezan a formarse las percepciones sobre la ley y las instituciones legales, especialmente, porque en esta fase la moral comienza a amoldarse a las normas sociales y los jóvenes comienzan a interactuar con agentes de socialización formal como es la policía. Por lo tanto resulta muy procedente explorar en ese momento vital cómo es el proceso de socialización legal.

Esto es lo que se ha intentado realizar desde CRIMIJOV empleando los datos del ISRD 3. Así, con una muestra de 2.041 jóvenes se ha formulado un modelo que trata de explicar cómo los agentes de socialización informal (familia, escuela e iguales) y formal (policía) contribuyen a la interiorización de actitudes y valores acordes con las normas y con el respeto a la autoridad legal.

Concretamente, (ver figura 1) se ha demostrado que familia y escuela pueden ejercer una influencia positiva hacia el respeto a la ley y las autoridades legales, aumentando la probabilidad de un comportamiento normativo. De igual modo se ha demostrado que, aunque tener amigos delincuentes aumenta la probabilidad de delinquir y de tener actitudes negativas hacia la policía, esa influencia no afecta a la interiorización de actitudes hacia la institución.

Finalmente, se pudo constatar que cuando los adolescentes creen que la policía utiliza procedimientos justos la probabilidad de que perciban a esta autoridad como legítima se incrementa. Si bien la influencia de las evaluaciones de justicia procedimental hacia la policía, solo tienen una relación significativa con la delincuencia cuando está mediado por las percepciones de legitimidad de la policía.

De esta manera, se puede ver que ya en este momento del desarrollo, los jóvenes tienen percepciones muy concretas sobre cómo les gustaría ser tratados. Así, la policía como cara visible del sistema legal tendría una responsabilidad directa en este proceso de socialización legal; y cuando en su proceder toman decisiones adecuadas a las circunstancias y garantizan la dignidad y respeto de los ciudadanos, la imagen positiva de los jóvenes sobre la justicia penal se refuerza y las autoridades legales se muestran como instituciones legítimas a las que merece la pena obedecer y respetar.

Referencias:

Baz, O & Fernández-Molina (2020) An empirical approach to the study of legal socialization in adolescence. European Journal of Criminology, DOI: 10.1177/1477370819896212