Roberto Martínez Lacoba, Universidad de Castilla-La Mancha; Elisa Amo Saus, Universidad de Castilla-La Mancha; Francisco Escribano Sotos, Universidad de Castilla-La Mancha; Isabel Pardo García, Universidad de Castilla-La Mancha y Pablo Moya Martínez, Universidad de Castilla-La Mancha
En diciembre de 2006 se promulgó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como “Ley de Dependencia”, creada para ser, tras la sanidad, la educación y las pensiones, el cuarto pilar del estado de bienestar en España.
Para la socióloga María-Ángeles Durán Heras su promulgación “fue el reconocimiento más claro hecho hasta entonces sobre la existencia de un amplio y creciente sector de la población con necesidades especiales de cuidado” (La riqueza invisible del cuidado, Universitat de València, 2018).
La Ley de Depedencia supuso incrementar los recursos disponibles para atender a las personas dependientes, incluso en los años de la gran recesión. Entre los años 2007 y 2011 el gasto en dependencia pasó de 3 809 millones de euros a 8 004 millones.
La Ley de Dependencia nació con carácter universal, para cubrir las necesidades de las personas dependientes. Sin embargo, los primeros informes de evaluación ya marcaban claramente que se estaba desviando de los objetivos iniciales.
La gran recesión redujo la eficacia de la ley
A partir de 2011, los ajustes fiscales provocados por la crisis afectaron a la financiación del sistema de dependencia en dos sentidos:
El Real Decreto-Ley 20/2012 y la Resolución de 13 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, regularon los aportes (copago) de las personas dependientes para costear los servicios que recibían.
Disminuyó la partida presupuestaria destinada a dependencia que las comunidades autónomas recibían del Estado.
En dos investigaciones propias de los años 2017 y 2019, se analizó el efecto del Real Decreto 20/2012 sobre las familias de las personas dependientes. Entonces quedó en evidencia que, con la reforma, su esfuerzo económico había aumentado considerablemente.
Si la ley establecía que el 33% del coste de los servicios deberían pagarlo las personas dependientes, la investigación demostró que la cifra media real es del 53,5%, y que, en el caso del servicio en residencias, se supera el 70%. Además, se demostró que el copago aumenta en casi un 20% la probabilidad de empobrecimiento de las familias de personas dependientes.
Además, los servicios sociales pasaron de ser un servicio sociosanitario a uno meramente asistencial, lo que conlleva una menor capacidad para identificar y atender situaciones de vulnerabilidad socioeconómica en las personas dependientes.
Finalmente, la crisis económica de 2008 obligó a los gobiernos a gestionar unos recursos escasos y se redujeron los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales.
La dependencia en Europa
Una de las premisas de la UE es que los sistemas de dependencia sean asequibles y de calidad. Dichos sistemas se pueden agrupar en anglosajones, nórdicos, continentales y mediterráneos.
La característica principal del modelo mediterráneo es la importancia de la familia para proporcionar cuidados. Mientras su situación física o mental se lo permite, las hijas son los principales cuidadores en el hogar.
Por eso, en España las personas mayores en residencias suelen ser de elevada edad y tener un grado de dependencia alto.
Hoy por hoy, España es uno de los países europeos que menos recursos destina a la dependencia (0,9% del PIB frente a una media europea del 1,6%, en 2016).
Pandemia y dependencia
Encajada en esta panorámica, se encuentra la crisis provocada por la expansión del coronavirus. La pandemia ha mostrado la debilidad del actual sistema de atención a la dependencia. El coronavirus ha convertido a las personas dependientes en el eslabón más débil de la cadena y, si nos fijamos en los mayores que viven en residencias, su efecto ha sido demoledor.
Frente a las carencias del sistema, muchos profesionales del cuidado a los dependientes han actuado en esta crisis siguiendo su sentido del deber, confinándose en las residencias o aislando en plantas específicas a los enfermos para evitar nuevos contagios.
Donde no se han tomado medidas específicas, la expansión del virus se ha traducido en un incremento en el número de fallecidos. En España y Francia ha sido significativo el elevado número de muertes de mayores en residencias.
Pasada esta crisis, las instituciones públicas deben comprometerse a poner a disposición de los investigadores los datos que permitan establecer estrategias para mejorar la atención a los dependientes.
No solo se necesita una mejor financiación y la regulación adecuada de los servicios. También hay que planificar y evaluar los procedimientos de atención, desarrollando indicadores que permitan la máxima efectividad. Para ello, la investigación y la transparencia han de ser pilares fundamentales.
Roberto Martínez Lacoba, Profesor Asociado, Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Castilla-La Mancha; Elisa Amo Saus, Profesora titular de Matemáticas, Universidad de Castilla-La Mancha; Francisco Escribano Sotos, Profesor de Economía Financiera, Universidad de Castilla-La Mancha; Isabel Pardo García, Profesora Titular. Área de Politica Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Pablo Moya Martínez, Associate professor, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.